A lo largo de las últimas semanas hemos asistido a un desborde mediático que posibilitó desenmarañar las negociaciones entre las empresas extractivas y el Estado peruano por el control de nuestros recursos energéticos. Sin duda, son dos los casos más sentidos por la población que vive en el sur peruano: la exportación del Gas de Camisea y la posible construcción de la Hidroeléctrica del Inambari, pero ¿qué tienen que ver estos proyectos energéticos con los pueblos indígenas? Hay más cosas en común de lo que uno generalmente supone. Es más, considero que hay una agenda en común.

En primer lugar, después de tanto refrito en torno al proyecto Camisea, quedan algunas cosas claras: El grueso del Gas de Camisea está destinado a la exportación; aunque hay decreto supremo, ello no asegura la dotación de gas para el sur andino; el gobierno peruano esquiva una negociación firme y contundente con el Consorcio Camisea; a pesar de estar en medio de la tormenta, el Consorcio no sufre ni un poquito la “presión” del gobierno y las amenazas de los presidentes regionales del sur.

En segundo lugar están los desastres medioambientales que generaría la posible construcción de la hidroeléctrica del Inambari, cuya producción energética será destinada preferentemente al pujante estado de Acre, en Brasil. El gobierno peruano ya firmó una carta de intención con Brasil al respecto y hace poco otorgó a una empresa de capitales brasileños una concesión temporal para los estudios de impacto respectivos. El pleito se lo ha comprado la alcaldesa de Caravaya (Puno), aunque el proyecto involucra también a Cusco y Madre de Dios.

Ahora bien, estos dos proyectos energéticos se desarrollan sobre territorio indígena. Camisea en el Bajo Urubamba, territorio de los grupos que conforman la familia Arawak (matsiguenka, yine, ashaninka). Inambari en la cuenca del mismo nombre, la que fue, antes de los caucheros, territorio ancestral de los indígenas Ese Eja y Harakmbut, ahora ocupada por inmigrantes de origen quechua altoandino. Bueno, si estamos de acuerdo que el territorio constituye el hilo articulador de lo que somos y que las organizaciones indígenas defienden este derecho a toda costa porque al mismo tiempo aseguran el manejo de sus recursos, entonces ¿Cuál es la opinión de las organizaciones indígenas respecto a los proyectos energéticos exportadores de Camisea e Inambari? Es bastante obvio, esta opinión no existe. Pero de antemano, la pregunta en sí me parece injusta.

Como saben, la Constitución Política del Perú no contempla los términos “pueblos indígenas” y “territorio ancestral indígena”, en cambio, los ha unido en el término legal bastante inseguro y nominal de “comunidades nativas”, el que no permite, entre otras cosas, tener injerencia sobre los recursos naturales del subsuelo, ya que estos pertenecen al Estado. Por lo tanto, la actual legislación peruana delimita el rol de los pueblos indígenas y el de sus organizaciones a la de simple observadores de los proyectos energéticos, situación nada incómoda para el gobierno de turno y las industrias extractivas transnacionales.

Los grandes ausentes o mejor dicho los observadores a la fuerza de la discusión energética surperuana, solo atinan a exigirle a las empresas extractivas cosas puntuales. Los matsiguenka del Bajo Urubamba le exigen al Consorcio Camisea que admita las consecuencias de los sucesivos derrames y pague las indemnizaciones respectivas, mientras esperan sentados que la municipalidad distrital de Echarati ejecute el 30% de canon que les corresponde. En la otra cuenca, en Madre de Dios, los indígenas harakmbut y matsiguenka le han dicho no a la empresa Hunt Oil, la misma que intenta realizar sus exploraciones en el último reducto Harakmbut, la Reserva Comunal Amarakaeri. En el río Inambari ni se diga, allí los indígenas amazónicos contemporáneos ya no tienen injerencia.

Tampoco tiene sentido exigirles a los pueblos indígenas y a sus organizaciones una opinión o mayor participación en la discusión energética, esto por una simple razón: Está lejos el día en que el gas de Camisea llegue a sus casas o se conecten a una red eléctrica pública. Es más, no interesa si el gas o la electricidad se van a México, Canadá, Brasil, Lima o Cusco, porque el resultado de la ecuación es la misma: los recursos que salen de su territorio no son para ellos. Considero que las organizaciones indígenas son muy fuertes y sólidas cuando defienden sus territorios y recursos ante las intenciones de exploración y explotación de las industrias extractivas, pero languidecen seriamente cuando se trata de defender el destino final de esos recursos.

La situación actual, que no me parece la más adecuada, me lleva a reflexionar en lo siguiente: las organizaciones indígenas deberían consolidar posición y acción en toda la cadena productiva energética, es decir, no sólo tener presencia en las fases de identificación (¡en esta no la tienen!), exploración y explotación, sino también en el resto de la cadena, es decir, en las fases de transporte, transformación y distribución del gas o de la energía eléctrica. Aún más, deberían direccionar esa cadena o incluso redefinirla. Pienso que las organizaciones indígenas deberían, en mi escenario ideal, liderar las actuales negociaciones entre gobierno e industrias extractivas. No debe estar lejos el día en que las organizaciones indígenas pongan las reglas de la negociación y las condiciones en que debe caminar la cadena productiva energética que empieza en sus territorios. ¿Cómo llegamos a eso? Esa es la agenda.