El cuatro de setiembre de este año (2009), el Presidente de la República y el Primer Ministro enviaron una carta al presidente del Congreso, en donde solicitan al Pleno atender de manera urgente el Proyecto Ley N° 03464/2009-PE, el mismo que pretende agregar varios artículos a la ley 28296, la ley “General del Patrimonio Cultural de la Nación”, la “carta magna” del Patrimonio Cultural.
El contexto en que este proyecto de ley aparece es el favorito para nuestro presidente y sus allegados: la crisis externa ¿Pero qué tiene que ver esto con el patrimonio Cultural de la Nación?… La fórmula es bastante conocida: ante la amenaza de la crisis externa, la solución está en la inversión privada.

Desde mi punto de vista, el cambio más importante que se pretende hacer a la Ley 28296 es el siguiente: “Los bienes que integran el Patrimonio Cultural de la Nación sólo son declarados como tales por Ley del Congreso de la República”. Otro cambio dice: “En un plazo no mayor de 180 días calendario, el INC revisará la declaración de los bienes inmuebles de propiedad privada como bienes integrantes del PCN, pudiendo retirar dicha condición de conformidad con la normatividad vigente, cuando sea onerosa, ineficiente o cuando la preservación del patrimonio resulte impracticable”.

Como es de conocimiento público, el INC tiene la facultad de declarar los bienes materiales e inmateriales como Patrimonio Cultural de la Nación. La ventaja de esta facultad es la rapidez administrativa y la solidez técnica, pero la desventaja es que el “furor declarativo” en muchos casos no evoluciona hacia la conservación total del bien. Es más, haciendo un balance de los bienes declarados como Patrimonio Cultural, prevalecen los bienes materiales inmuebles (casonas, sitios arqueológicos y otros) por sobre los bienes inmateriales (costumbres, literatura oral tradicional, música, danza y otros). Y si ahondamos un poco más en el asunto, veremos que los bienes inmateriales de los pueblos indígenas quechuas y amazónicos del Perú son los menos propensos a ser declarados como Patrimonio Cultural.

Concuerdo con el señor Juan Pablo de la Puente Brunke, cuando escribe que la declaración de un bien como Patrimonio Cultural es sobre todo un procedimiento técnico y no un criterio de orden político (“¿En manos del Congreso de la República?”, en El Comercio del 14 de setiembre de 2009). Darle al Congreso de la República esa potestad sería prolongar la discusión y el trámite para que al final de cuentas el Patrimonio Cultural de la Nación siga como está. Tengo la impresión de que para este gobierno algunos bienes, sobre todo los bienes materiales inmuebles declarados Patrimonio Cultural de la Nación, constituyen una traba para el desarrollo y su mejor socia la inversión privada. Como anillo al dedo, si se aprueba este proyecto de ley, el INC tendrá la potestad de retirar la condición de Patrimonio Cultural a los bienes inmuebles que sean propiedad privada. Entonces, por un lado, la idea es agilizar el trámite para que las obras privadas sean viables y, por el otro, retardar la protección legal de los bienes materiales e inmateriales susceptibles de ser declarados Patrimonio Cultural de la Nación.

Pero hay una cuestión más profunda y preocupante que aprovecha este proyecto de ley: la falta de integración entre Patrimonio Cultural y Pueblos Indígenas. Los cincuenta y tantos pueblos indígenas que conforman nuestra nación se constituyen en los mayores poseedores de nuestro patrimonio cultural, sobre todo de la variante inmaterial. El INC nunca se preocupó en generar conciencia patrimonial entre los pueblos indígenas, así también, los pueblos indígenas centran sus demandas en la protección de su territorio por encima de su derecho a la cultura, cuando está claro que lo último da sentido y significado al primer aspecto. En pocas palabras, Patrimonio Cultural y Pueblos Indígenas en la actualidad son frentes desmembrados y por lo tanto vulnerables. Si el Congreso aprueba el proyecto de Ley en cuestión, tanto el Patrimonio Cultural y los Pueblos Indígenas habrán sufrido otro revés.

Entonces, no resulta extraño un permanente desdén por parte del actual gobierno peruano hacia el conocimiento de los pueblos indígenas y un sobredimensionamiento de los roles que debe cumplir la empresa privada, lo que de hecho refleja uno de los problemas cruciales de nuestra República: construir nación sin los indígenas, o lo que sería lo mismo: generar desarrollo e inversión sin los indígenas, pero a costa de ellos.